Sanidad Pública y de Calidad

David Palomino Ramírez, Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén

Este grito unánime que da título a este breve artículo, ha sido y sigue siendo coreado por miles de voces a lo largo y ancho de toda Andalucía, continuando el que se oye en toda España.

¿Es necesario? ¿Realmente tiene la ciudadanía que salir a la calle a reclamar a quienes están encargados de gestionar los servicios públicos que hagan su trabajo?

Retrocedamos un poco para poder ver los barros:

La Sanidad Pública andaluza fue, durante mucho tiempo, motivo de elogio y buen hacer, cambiando este imprescindible servicio público la perspectiva que la ciudadanía tenía de la importancia de cuidar lo de todos y de la dependencia que teníamos de que estos servicios funcionaran correctamente. No hablamos solo de Sanidad, también nos referimos a la educación, la dependencia, los cuidados, etc.

En resumidas cuentas, se veía un trabajo acorde al esfuerzo que conllevaba su puesta en marcha y su mantenimiento.

Pero, he aquí que llegó la crisis y, como suele ocurrir, la única opción que pudieron vislumbrar nuestros avezados políticos fueron una retahíla de recortes que incidían, principalmente, en las personas más vulnerables.

El descenso en la inversión tanto en material como en personal en seguida se hizo notar y, lo que es más grave, nunca se recuperó. Cuando la crisis empezó a remitir, a base de precarizar y arruinar a mucha gente, los niveles de calidad e inversión no solo no se recuperaron, sino que toparon con una nueva realidad, la de que los servicios públicos, como algo irrenunciable e imprescindible para la mayoría de la ciudadanía, eran una importante fuente de negocio donde los grandes grupos empresariales habían puesto sus ojos.

Así, ayudados por la falta de escrúpulos de muchos gobernantes, se pone en marcha una campaña para desmantelar, precarizar, desprestigiar y, en última instancia, regalar la Sanidad Pública, haciendo de todo ello la justificación para abrir la puerta al sector privado.

Aquí no hay mala gestión, hay una estrategia definida y orquestada para el beneficio de unos pocos y el perjuicio de la inmensa mayoría.

Un discurso que, por otra parte, han sabido colar, vendiendo la imagen de un sector privado comprometido y dispuesto a colaborar por el bien común, y que mucha gente ha comprado pensando que quizá era verdad eso de que solo lo que mueve el dinero se hace bien.

Ahora vienen los lodos. Por poner datos:

Tengamos en cuenta que los plazos máximos de atención establecidos por ley son de 30 días para pruebas diagnósticas y 60 días para consultas de especialistas hospitalarios, siendo de 90 a 180 días para cirugía.

En diciembre de 2024, en la web oficial de la Junta de Andalucía figuraban casi 212.000 personas que estaban esperando ser intervenidas quirúrgicamente de las que 69.000 estaban ya “fuera de los plazos del decreto”, esperando muchos meses más de lo establecido legalmente.

Y las cifras de las esperas para consulta con especialistas son todavía más escandalosas, con 866.000 personas en listas de espera de las cuales 489.000 se encontraban fuera de los plazos legales, poniendo en peligro la vida de estas personas.

Tomando en cuenta datos solo de la provincia de Jaén, 78.798 personas en listas de espera de primera consulta y 53.090 fuera de plazo (más de 60 días); además 18.061 en lista de espera de cirugía, más de 7.500 fuera de plazo.

Quienes vivimos en Andalucía somos muy conscientes de esta situación, porque la hemos padecido cuando hemos tenido que usar los servicios de la Sanidad Pública. Por ello, la desesperación y, porqué no decirlo, el cabreo son la tónica imperante en la ciudadanía. Ante la situación de enfermedad y necesidad, se hace lo que haga falta, especialmente por las personas que tenemos más cerca.

Y, ¿cuál es la opción que ofrece la administración andaluza ante esta situación? Pues seguir cerrando el círculo de la privatización de la sanidad. Para acabar con las listas de espera anuncia, una y otra vez, acuerdos con empresas privadas que, a cambio de una cantidad de dinero van a hacer el trabajo de la pública. Pasamos así de ser pacientes a ser clientes. Clientes que, como en todas las empresas, son imprescindibles para que la empresa funcione. Es decir, que no nos van a soltar tan fácilmente.

Y, ¿cómo se completa ese círculo? La estrategia tiene varios pasos. Recortes y restricciones en los servicios públicos, incluyendo el cierre de unidades, la ausencia de profesionales o el traslado obligatorio de las pruebas. Ante la situación de aumento de listas de espera, motivadas por la anterior restricción, contratación con empresas privadas para que hagan el servicio. Puesto que ya se hace fuera, desmantelamiento de las unidades encargadas en la pública. Pasado un poco tiempo, las condiciones de las empresas privadas serán mucho más agresivas y costosas, pasando la administración a tener que decidir entre “pasar por el aro” o retomar unos servicios que ya no existen y cuya nueva puesta en marcha sería tremendamente costosa.

Esta última parte es especialmente importante porque es la que da un carácter definitivo a esta privatización.

Desde las Mareas Blancas de Andalucía nos preguntamos, ¿qué pasaría si todo el dinero y el esfuerzo que se dedica a contratar con empresas privadas se dedicara a mejorar la dotación de centros de salud y hospitales y a aumentar las plantillas de profesionales, que han pasado de ser los mejor considerados, incluso a nivel internacional, a que los profesionales no quieran trabajar en Andalucía por unas condiciones abusivas y unos sueldos totalmente insuficientes?

Todos los análisis conducen a la misma reflexión. Lo único realmente reseñable que pasaría es que, a todas esas empresas privadas, apoyadas desde la administración en muchos casos, se les acabaría el chollo. Y ahí radica la intensidad de la campaña para que esto no pase.

En Andalucía los seguros sanitarios privados crecen más que en cualquier parte de España, a la vez que la inversión del Gobierno autonómico en la misma área es de las más bajas del país. ¿Casualidad?

Y hablamos de consultas de especialista, de intervenciones quirúrgicas, de pruebas diagnósticas… pero también lo hacemos de Centros de Salud infradotados, con poco personal y masificados, que apenas pueden dedicar tiempo a la prevención, eje principal de la atención primaria. Cuando no directamente de ausencia de profesionales en especialidades tan sensibles como la pediatría. Y si no, que se lo pregunten a los pueblos donde en verano se ven privados de estos profesionales porque quienes ejercen la labor cogen sus merecidas vacaciones y no llegan sustitutos ni soluciones.

En definitiva, la situación de la Sanidad Pública andaluza no es de ruina, es de venta al mejor postor, a precio de saldo.

Por todo ello se convocan movilizaciones y, desde la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, se ha puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que pretende llevar esta situación al Parlamento andaluz pidiendo que se garanticen los medios de la Sanidad Pública, que se dedique el 100% del esfuerzo económico de la administración a dotar convenientemente los centros públicos y que se constituyan consejos ciudadanos que coordinen y deciden la acción de los distritos sanitarios.

Queremos, en definitiva, que se garantice nuestro derecho a la salud. Que no dependa de para donde sople el viento ni de qué mano se meta en el bolsillo de quién.

Porque hablamos de nuestras vidas y de la calidad de las mismas, cuando no directamente de ponerlas en riesgo.

No va a ser un camino fácil y por eso es necesaria la movilización de la ciudadanía y el convencimiento de que la unidad de acción nos llevará a conseguir las metas propuestas. Aquí también cumple una labor fundamental esta ILP, como medio de difusión de la situación frente a las campañas embusteras en las que, también con nuestro dinero, se nos intenta convencer de lo bueno que es el sistema mixto público-privado. Algo que, sencillamente, no existe. Es solo el paso previo para traspasar una necesidad a manos privadas, convirtiéndola en un negocio. Si esto sigue así, algún día, como suelen decir, no necesitaremos la tarjeta sanitaria para ir al médico sino la tarjeta de crédito. Y entonces nuestra salud dependerá de nuestro nivel económico, llevando la desigualdad a la propia vida. Y no estamos dispuestos a aceptarlo.

Texto completo de la ILP: