La feminización de la pobreza es un fenómeno estructural, persistente y multidimensional. Es la conclusión principal del informe Feminización de la Pobreza en España 2025: Análisis y propuestas para su erradicación, de EAPN (European Anti Poverty Network).
TASA AROPE
El informe toma como referencia la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), un indicador de la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza y exclusión social, y que calcula el porcentaje de población que cumple al menos una de tres condiciones: riesgo de pobreza (ingresos bajos), privación material severa (no poder permitirse cosas básicas) o baja intensidad de empleo en el hogar. Este indicador sitúa en un 26,8 % la tase en las mujeres y un 24,8 % a los hombres.
PENSIONES
En el caso de las pensiones contributivas, la brecha de género ha marcado la mayor diferencia de la serie histórica (desde 2017), siendo la pensión media en los hombres de 1.510 € y en las mujeres de 1.026 €, 484 € menos. La pensión de los mujeres tendrían que aumentar un 47 % dicha prestación para lograr la equiparación.
DESIGUALDAD EN EL EMPLEO, EN PROTECCIÓN SOCIAL Y MAYOR CARGA DE CUIDADOS
El empleo no garantiza la salida de la pobreza: el 15,8 % de las mujeres ocupadas están en Arope y el 10,8 % en pobreza en 2024. Para medir la vulnerabilidad extrema se utiliza el indicador CMSS (Carencia Material y Social Severa), que mide la proporción de personas que no pueden afrontar determinados gastos o actividades básicos y representa una dimensión de la pobreza que trasciende el ingreso monetario. Y la CMSS aumenta: crece entre mujeres ocupadas del 4,4 % en 2015 al 6,5 % en 2024.
Los bajos salarios y la precariedad son factores de empobrecimiento asociados a una mayor carga de los cuidados no remunerados, que reducen el tiempo disponible, los ingresos y las oportunidades de mejora laboral. Esto se evidencia también en el análisis de los datos sobre uso del tiempo, que muestra cómo el 15,4% de las mujeres dedicó el año completo a trabajo de hogar y cuidados no remunerado, frente al 0,3% de los hombres, evidenciando una dedicación desproporcionada y persistente.
Según los datos del Observatorio, 3 de cada 4 personas con jornada parcial son mujeres, con una tasa de parcialidad del 21,4 % frente al 6,8 % de los hombres. Las mujeres se concentran en ocupaciones peor remuneradas como servicios de restauración y ventas o tareas administrativas, algo que explica en parte la brecha salarial, que se mantiene en el 16,4% (405 euros mensuales menos que los hombres).
Los análisis desarrollados a lo largo del informe muestran que la desigualdad que enfrentan las mujeres solo puede comprenderse bajo las lógicas de un sistema económico y social que crea, reproduce y profundiza las brechas de género; no puede explicarse únicamente por la insuficiencia de ingresos, sino que está profundamente vinculada a la división sexual del trabajo, la precariedad laboral de las mujeres, la desigual distribución de los cuidados y la acumulación de desventajas a lo largo del ciclo vital.
PROPUESTAS DESTACADAS
Se parte de una reflexión sobre cómo se mide la desigualdad y la necesidad de cambiar el foco para superar la invisibilidad de las desigualdades intrafamiliares en las mediciones por hogar o incorporar mediciones que vayan más allá del ingreso monetario.
Proponen la construcción de un sistema público de cuidados que reconozca la necesidad de cuidados a lo largo de la vida. Sería un sistema de carácter universal y que integre la perspectiva comunitaria, que garantice el derecho a cuidar y a ser cuidado sin que ello suponga una penalización económica, laboral o vital para las mujeres, ahonda el informe.
El informe propone medidas para dignificar el empleo en los sectores feminizados y garantizar trabajo decente. Cuidados, limpieza, comercio, hostelería, trabajo doméstico y servicios de proximidad son sectores que tienen en común unos bajos salarios y una fuerte feminización. Se requieren políticas que actúen sobre la calidad del empleo y no solo sobre el acceso al mismo. Reforzar la estabilidad laboral, limitar la parcialidad involuntaria, elevar estándares salariales, garantizar el cumplimiento de descansos, reforzar la inspección laboral y establecer marcos específicos para sectores feminizados o el reconocimiento de enfermedades laborales son algunas actuaciones concretas.
Las violencias machistas son un determinante directo de la pobreza. Abandonar una relación violenta implica, en muchos casos, pérdida de ingresos, inestabilidad residencial, desempleo, deudas, deterioro de la salud mental y aislamiento social. Se requiere integrar la violencia de género en el análisis de pobreza y desplegar políticas que garanticen acceso inmediato a ingresos, vivienda segura, empleo protegido, acompañamiento integral, protección jurídica y apoyos de larga duración.
Una renta universal para niñas, niños y adolescentes produciría un efecto redistributivo inmediato, reduciría drásticamente la pobreza infantil y aliviaría la presión económica que soportan especialmente las madres, y en particular las familias monomarentales. Esta medida debe articularse con la universalización efectiva de la educación infantil desde el nacimiento.
Reformar las pensiones para mitigar las brechas, garantizar el acceso a la vivienda social de titularidad pública a familias en situación vulnerabilidad, mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y proteger los derechos de las mujeres migrantes son otras de las recomendaciones del informe.
Este resumen ha utilizado la información de los siguientes textos:
https://www.eapn.es/observatoriofeminizacionpobreza/feminizacion-pobreza.php
